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Varapalo judicial al Ayuntamiento de Colindres en un asunto urbanístico

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo estima la demanda presentada por la promotora ALFEMAR contra el Ayuntamiento de Colindres, el cual denegaba la licencia de primera ocupación de un edificio de viviendas, después de inicialmente haberla aprobado.

El grupo municipal del PP pedirá una reunión de la Comisión de Urbanismo para ser informados de las consecuencias y posibles reclamaciones de los propietarios por daños y perjuicios. Y exigirá que se asuman responsabilidades de una vez por todas, pues al final son los colindreses los que pagan la mala política municipal.

El Partido Popular de Colindres ha expuesto que como consecuencia de negarles la licencia de primera ocupación, una vez acabadas las obras, la empresa se vió abocada a la quiebra económica, al no poder vender parte de las viviendas, y algunos compradores se echaron atrás en la compra.

La sentencia es clara y contundente, en función del informe técnico pericial amplio y explicativo, donde deja claro el mal hacer por parte del Ayuntamiento, señalan desde el PP. Además condena al Ayuntamiento a las costas del proceso, lo que supondrá un varapalo para las arcas municipales, en un momento de crisis económica.

El Grupo Popular lamenta una vez más la política urbanística del equipo de gobierno Socialista, "plagada de litigios judiciales con alto coste para el erario municipal como en el caso Villaluz o la finca denominada La Charca". Además critica que después de 30 años de gobierno socialista sean "incapaces" de aprobar un nuevo Plan General (PGOU) y que por ello Colindres siga con el Plan aprobado en el año 1964, es decir hace cincuenta años. 

Para el PP "es difícil entender la actuación municipal en este asunto urbanístico, en el que parece que por encima de los intereses públicos, existen otros intereses ocultos", al tiempo que resaltan "el enorme perjuicio para los compradores de las viviendas que después de haber realizado una importante inversión no han podido acceder a sus casas".

"Los responsables municipales socialistas deberían pedir perdón a los afectados por todo el sufrimiento que han causado a muchas familias y por el daño patrimonial y económico", concluyen.

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